PERU – Soulèvement général contre une mine de cuivre FR

arequipa

Depuis une soixantaine de jours a débuté la mobilisation de la population de la province d’Islay, au sud ouest d’Arequipa, contre l’installation de la mine « Tia Maria ». La mine de cuivre doit être exploitée par Southern Peru, filiale de l’entreprise mexicaine Southern Copper, pour un projet à hauteur de 1,4 milliards de dollards, pour une production atteignant 120 000 tonnes de cuivre par an. Les habitants craignent que la mine n’ait un effet dévastateur sur l’agriculture, l’environnement et sur l’approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau. Les travailleurs-euses de la vallée du fleuve Tambo sont en grève générale illimitée depuis deux mois maintenant.

Mi-mai, le conflit s’est étendu jusqu’à Arequipa, où la fédération des travailleurs-euses a appellé à une grève générale de plusieurs jours en solidarité avec les habitants de la vallée du Tambo. Les 14 et 15 mai, des affrontements violents ont secoué la seconde ville du pays, paralysée par les blocages. Un grand centre commercial fut attaqué et dévasté. Après trois heures d’affrontements, les opposants à la mine de cuivre parvinrent à s’emparer de la place centrale d’Arequipa.

Le gouvernement a déclaré hier vendredi 22 mai l’état d’urgence dans la province Islay après de nouveaux affrontements durant lesquels un homme a été assassiné par la police. Plusieurs groupes attaquèrent la police en différents endroits, l’un d’eux en posant un explosif dans le commissariat de Cocachacra. Peu avant, l’entreprise avait annoncé une pause de 60 jours dans la réalisation du projet. Mais visiblement, une « pause » ne suffit pas aux opposants.

Avec l’état d’urgence, c’est l’armée qui prend le contrôle de la zone pendant les 60 prochains jours, au moment où commence une nouvelle grève générale régionale. Le gouvernement prévient que se suspendent les libertés personnelles relatives à l’inviolabilité de domicile, la liberté de circulation et de réunion.

Solidaridad! Basta de mineria!

NICARAGUA: Indigenous people set up patrols againts deforestation // Pueblo indigena se arma contra la deforestacion

The front line fight to stop deforestation is led by patrols of the Indigenous people of Awas-Tingni. Although granted their land rights in 2003 unscrupulous businessmen are still selling off parts of the land to newcomers and invaders who are decimating the forests. Patrollers from the Mayangna community, of the Bosawas Biosphere Reserve, are now risking their lives to protect what is theirs as conflicts can turn violent. Find out more in this short film:

Patrullas del pueblo indígena Awas-Tingni de Nicaragua están combatiendo la deforestación en sus territorios. Los businessmen están todavia vendiendo pedazos de tierra para que se implantan nuevos colonos, pero eso es illegal desde 2003. Patrullas de la comunidad Matangna, de la Reserva de Biosfera Bosawas, están ahora defendiendo su bosque a sus propios riesgos, en este conflicto que puede ser violento. Mas información con esta pequeña película:

 

LOS WAYUU COLOMBIANOS MUEREN DE HAMBRE Y SED

Exterminan en silencio a la mayor nación indígena de Colombia por explotación del carbón y privatización de sus acuíferos

Como los medios de comunicación corporativos tienen sus prioridades informativas bien definidas y orientadas, especialmente contra Cuba, Venezuela u otros países que no se subordinan a Occidente; usted no sabrá que la nación indígena Wayúu [1], la mayor de Colombia, se muere de hambre y sed porque el río madre de la región donde radican fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón -a cielo abierto- más grande del mundo. Por esa misma razón, ignorará, seguramente, la denuncia que esta comunidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, de la OEA, con sede en Washington, por la violación de sus derechos vitales fundamentales.

Los datos que existen del crimen que se comete contra la etnia Wayúu no son precisos, informa la web las dos orillas.com. Según esta fuente, en el extenso territorio que ocupan en el extremo Norte del país sudamericano, la nación de origen prehispánico carece de controles y presencia estatal colombiana. En cualquier caso, según Armando Valbuena, autoridad tradicional Wayúu, unos 14 mil niños de la etnia han muerto de inanición y la mortandad no se detiene.

A todo esto hay que agregar que la escasa ayuda que el gobierno colombiano los Wayúu no llega a los indígenas. El caso del Programa de Alimentación y Nutrición, en el que se invierten más 15 millones de dólarez, es un ejemplo. Buena parte de ese dinero – denuncian los voceros de Wayúu Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana– se queda en redes de corrupción y termina siendo utilizado en las campañas políticas para la compra de votos. Téngase en cuenta, además, que La Guajira posee una población de 500 mil habitantes y ha recibido, durante los últimos 20 años, más de mil millones de dólares por la extracción de sus recursos naturales (carbón y gas), además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. Pero ese dinero es robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales.

En medio de ese panorama, en febrero de este año cinco autoridades tradicionales indígenas, a través de su representante legal Javier Rojas Uriana, solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictase medidas cautelares urgentes que les permitan recuperar el uso del único río que poseen para detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores. La acción pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería, que es acumulada en la represa El Cercado.

Según la abogada Sáchica Moreno, del Consultorio Jurídico de la Universidad de Bogotá, el agua del río, un bien público, fue privatizado y la primera consecuencia de ello es el proceso de exterminio en que se encuentra esta etnia colombiana, sumida en la miseria y el abandono.

La cruda realidad para estos seres humanos es que la mayor parte del río quedó completamente seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas de carbón de Cerrejón.

De acuerdo a la solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siemprelos seres humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.

Por otra parte, además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se ordene suspender de manera inmediata las tomas de agua de La Guajira que Cerrejón obtiene de otras fuentes públicas distintas al río, principalmente subterráneas, hasta que una evaluación técnica idónea e imparcial determine si, después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región, quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y a la explotación de las minas.

Finalmente, del conjunto de pruebas judiciales que serán presentadas a la Comisión se destaca el documental inédito que acaba de terminar el periodista colombiano Gonzalo Guillén, “El río que se robaron”, donde se testimonian los hechos denunciados a través de imágenes sobrecogedoras de La Guajira y declaraciones de los protagonistas.

[1] El Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez tuvo linaje Wayúu por parte de madre y la influencia de esa cultura está presente en una buena parte de su obra.

Por: Canarias-Semanal-org
http://www.aporrea.org/ddhh/n269375.html

Primera Marcha de las Mujeres Originales por el Buen Vivir

El martes 21 de Abril de 2015 se llevó a cabo la 1ra marcha de mujeres originarias por el buen vivir.

La marcha se desarrolló desde el monumento al genocida Roca hasta el Congreso de la Nación, donde las mujeres originarias entregaron el proyecto de ley por el buen vivir.

Luchamos por el buen vivir de los pueblos.

21 Avril 2015: Première Marche des Femmes Indigènes pour le droit à vivre bien, Buenos Aires.

21th of April of 2015: First March of Indigenous Women for Good Life, Buenos Aires, Argentina.

Colombia – 10 000 Amérindiens ont lancé une vaste opération d’occupation de terres

PAR JULES HERMELIN 29 AVRIL 2015

Dans les montagnes du sud-ouest de la Colombie, les Nasas sont en lutte pour récupérer des terres promises par l’État il y a plus de 20 ans. Le gouvernement tergiverse, et les industriels installés sur ces terres n’ont pas l’intention de les restituer. Malgré les intimidations et les violences de la police et des groupes paramilitaires, 10 000 Nasas occupent ces terres depuis plusieurs mois. Rencontre avec Célia Umenza, « garde indigène », chargée de la protection de ce territoire autochtone.

Quand elle parle, Célia Umenza tient dans sa main le baston de mando (ou bâton de commandement), symbole de l’autorité chez les Nasas, peuple autochtone de Colombie. Pour autant, sa parole n’est pas celle d’une décideuse, encore moins d’une cheffe. Invitée par le festival pour la paix en Colombie, elle est là pour représenter l’Acin, une association qui réunit divers conseils indigènes de la région [1] et qui compte près de 165 000 membres. 8 000 de ces membres composent la guardia indigena (garde indigène), dont la mission est d’assurer la protection du territoire autochtone. Armés de bastones de mando, ils et elles arpentent les montagnes pré-andines. Leur rôle ? Prévenir les incursions des groupes armés et veiller à ce que les communautés ne manquent de rien.

« On nous appellent des leaders, mais pour nous ça ne signifie rien », explique Célia Umenza. Elle pense même que beaucoup de Nasas « jugeraient qu’un voyage à Paris est une perte de temps », au vu de leur actualité politique brûlante. Depuis décembre 2014, les communautés nasas sont lancées dans une vaste opération de « Libération de la Terre Mère ». 10 000 personnes occupent des terres promises il y a 15 ans par l’État colombien, en guise de dédommagement, pour un massacre commis par les forces de police et les paramilitaires. 21 personnes avaient été tuées lors d’une (très) violente opération d’expropriation. C’était le 16 mai 1991. Sanctionné en 2000 par laCour inter-américaine des droits de l’homme, le gouvernement colombien s’engage à dédommager le peuple nasa en lui restituant 15 663 hectares.

En 2013, le gouvernement s’engage à nouveau à restituer 40 000 hectares au rythme de 10 000 ha par an. Finalement, les Nasas se voient proposer en 2014 de récupérer des terres situées à quelques centaines de kilomètres de leur territoire ! En février dernier, le ministre de l’Agriculture a carrément expliqué que 20 000 hectares représentent déjà une superficie exagérée et que le gouvernement n’est pas en mesure de satisfaire cette demande (cela correspond à 0,01% du territoire colombien). Et pourtant, les terres revendiquées appartiennent bel et bien aux Nasas, si l’on en croit les titres de propriété – toujours valides – octroyés au 18ème siècle par la couronne d’Espagne aux conseils nasas.

Industries minières et agro-alimentaires revendiquent les terres et sous-sols

Refusant qu’une partie de leur communauté soit déplacée, les Nasas prennent la décision de cesser les négociations en cours avec le gouvernement jusqu’à ce que ce dernier ne leur cède 20 000 hectares (l’équivalent de la superficie du département de Seine-Saint-Denis). Problème : les terres en question appartiennent aujourd’hui à de grands industriels sucriers colombiens, le sous-sol a été concédé à la multinationale minière sud-africaine AngloGold Ashanti et un projet d’aéroport à vocation militaire a vu le jour sur cette même zone.

Ces dernières semaines, le conflit s’est intensifié. Les Nasas sont entrés dans une phase d’action qu’ils nomment « minga permanente » : s’ils se font expulser, ils reviennent dans les champs de canne à sucre qu’ils rasent pour y pratiquer leur propre agriculture. Armés de leurs bâtons, de pétards et de fusées, les Nasas affrontent les forces de polices, les escadrons anti-émeutes ainsi que des contingents militaires.« L’État a réagi en réprimant très fortement », commente Célia. Selon les organisations autochtones, 151 Nasas ont été blessés. 16 le sont gravement et trois ont été touchés par des tirs d’armes à feu. Quatre autres sont en attente de jugement, accusés par la police d’être des guérilleros infiltrés.

Intimidations et violences

À cela s’ajoutent les menaces à l’encontre de l’organisation autochtone, et notamment de ses responsables, par les Rastrojos et les Aguilas Negras, deux groupes paramilitaires qui sont censés avoir été démobilisés en 2004. Les Nasas sont aussi accusés d’avoir des liens directs avec les Farc (forces armées révolutionnaires de Colombie) et sont menacés d’une « épuration sociale ». Ces intimidations sont monnaie courante dans la région. Le gouvernement et les paramilitaires ont l’habitude de prétexter une collusion entre le mouvement autochtone et les Farc pour justifier une intervention militaire, un massacre ou un assassinat. Les Nasas ont pourtant souffert pendant de longues années de la violence des Farc.

Célia Umenza explique ainsi qu’à partir de 2005 et jusqu’à très récemment, « l’indien qui descendait de la montagne jusqu’aux zones contrôlées par les paramilitaires était déclaré guérillero. L’indien qui montait depuis la partie basse jusqu’aux zones montagneuses contrôlées par la guérilla était déclaré paramilitaire. Dans un cas comme dans l’autre, on retrouvait son cadavre sur le bord d’une route ou dans un champs, découpé en morceaux ». Les coupables paieront-ils un jour ? Rien n’est moins sûr.

Le laisser-faire coupable du gouvernement

En 2000, en plus de la restitution de terres, la Cour inter-américaine des droits de l’homme a exigé du gouvernement colombien qu’il fasse tout pour éviter que les massacres ne se répètent. Mais entre 2000 et 2004, de nombreux assassinats ont été perpétrés par les paramilitaires. Citons la tuerie de Gualanday (2001, 14 morts), celle du Naya (2001, plus de100 morts) ou encore celle de San Pedro (2002, 4 morts). De 2000 à 2014, l’Acin a répertorié 500 assassinats sélectifs, en plus des massacres commis par les forces armées officielles et les paramilitaires.

Face à ces hommes armés de pistolets et de machettes, l’Acin riposte avec les claviers et les blocs-notes de son « réseau de communication », ou de son observatoire des droits de l’homme. Leur objectif : « dire » les violences. Le voyage à Paris de Célia Umenza s’inscrit dans cette logique de mise en lumière des exactions subies par les Nasas et de leur lutte « pour la défense de la vie et du territoire ». Malgré la puissance de feu de leurs adversaires, et les risques qu’ils encourent, la détermination des militants nasas reste intacte. « S’il faut que nous mourrions sur place, nous mourrons. Mais, nous ne bougerons pas d’ici », martèle Célia Umenza.

Jules Hermelin

 

 

de Basta Mag

http://www.bastamag.net/10-000-Amerindiens-ont-lance-une-vaste-operation-d-occupation-de-terres